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25/05/2010 | No hay comentarios

Euskadi aprueba en dependencia

Su ‘lista de espera’ (19,7%) es la quinta más baja de España, y las valoraciones se hacen en un máximo de tres meses y un mínimo de 20 días


El País Vasco figura entre las comunidades autónomas con menos personas dependientes que, tras haber sido reconocidas como tales, aún aguardan las prestaciones que les corresponden. Un informe del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), órgano perteneciente al del Ministerio de Sanidad, sitúa a Euskadi en el quinto puesto del ránking estatal, con una lista de espera de 8.077 beneficiarios, que representan el 19,7% del total (41.016). Según el estudio, los mejores resultados corresponden a Ceuta y Melilla (13,6%), Castilla y León (14,6%), Cantabria (16%) y Navarra (18,9%). Todas estas comunidades, exceptuando la castellana, tienen una población sensiblemente inferior a la vasca.
Los datos del SAAD indican que Euskadi ha descendido en el ránking respecto a 2009, cuando su lista de espera era la más reducida de España en términos relativos (17,6%), seguida de Navarra (19,4%). Ese retroceso no se debe tanto a que la situación haya empeorado de forma significativa en los tres territorios históricos, sino a que las regiones que les han adelantado han mejorado de forma espectacular en las estadísticas, pues sus listas de espera oscilaban el año pasado entre el 29% y el 38%.
Actualmente, en España hay más de 250.000 personas dependientes con la valoración ya realizada que esperan recibir un servicio o una ayuda económica -otras 533.000 personas reciben las prestaciones-. Los mayores retrasos se registran en Canarias (60%), Valencia (51,5%), Baleares (43,2%), Galicia (38,9%), Madrid (37%), Murcia (35%) y Cataluña (32,8%). Esas autonomías superan la media estatal (31,8%), que se sitúa muy por encima de las cifras registradas en Euskadi y Navarra. Si en toda España uno de cada tres dependientes engrosa la lista de espera, en las dos comunidades mencionadas no llegan a una de cada cinco.
El País Vasco también ofrece ‘ratios’ comparativamente buenos cuando se analiza el tiempo transcurrido entre la solicitud de la valoración y el reconocimiento administrativo como persona dependiente. Ese periodo es, precisamente, el afectado por la eliminación de retroactividad de las prestaciones, un recorte decidido por el Gobierno central en el marco del ajuste económico impuesto por la Unión Europea. Es adelante, según explicaron en el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, las instituciones tienen seis meses de plazo para resolver una solicitud de valoración, de modo que, cuando los servicios o el subsidio lleguen al beneficiario, no le compensarán los ‘atrasos’ acumulados desde que inició la tramitación, sino desde que fue reconocido como dependiente. Además, habrá un plazo de cinco años para efectuar las compensaciones.
El caso de Guipúzcoa
En Euskadi, el tiempo que tardan las diputaciones en otorgar una valoración oscila entre 66 y 90 días, por término medio, aunque el gobierno foral de Guipúzcoa asegura que en su caso apenas transcurren 20. En cualquier caso, se trata de estimaciones, ya que un expediente en particular puede prolongarse más o menos, según el caso.
Según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que se apoya en la información del SAAD, en España existe un colectivo ‘flotante’ de unas 120.000 personas que aguardan a que les asigne un grado dependencia (no ha facilitado el dato concreto de Euskadi), junto a las más de 250.000 que han cumplido ese trámite y están a la espera de disfrutar del servicio de forma efectiva.
La demora media estatal, desde que se formaliza la solicitud hasta la resolución administrativa, tampoco es superior a tres meses. El problema es el tiempo que pasa hasta que llega la prestación, que en el conjunto de España puede oscilar entre nueve y quince meses, una situación que en absoluto se produce en Euskadi.
El SAAD también señala que en la comunidad vasca se han concedido hasta ahora 13.582 ayudas económicas por cuidados en el ámbito familiar, una prestación que en principio había sido concebida con carácter excepcional.

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