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Asociación de padres de afectados de Autismo y otros trastornos de espectro autista de Bizkaia

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25/07/2014 | 1 comentario

Desterrando la palabra “incapacitación”

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor el día 3 de Mayo de 2.008, tras su publicación en el BOE el día 21 de Abril. Supone un cambio de modelo en la concepción de dichos derechos. Se propone pasar de un modelo de representación-sustitución en su ejercicio, a un modelo participativo, en el que la voluntad y opiniones de las personas con discapacidad intelectual deben ser tenidas en cuenta, prestándoles únicamente los apoyos que precisen para situaciones concretas.
Todos somos iguales ante la Ley, y al adquirir la mayoría de edad es cuando podemos ejercer plenamente nuestros derechos como ciudadanos. Este es el momento de valorar serenamente la necesidad de establecer los apoyos e iniciar los trámites legales que sean necesarios.
El que una persona con discapacidad intelectual necesite de apoyos, no significa que no pueda votar, hacer testamento, manejar dinero…, según su particular situación. Lo que importa es cada persona, única en sus circunstancias, con sus deseos, anhelos y aspiraciones, diferentes a los de los demás. No se puede generalizar.
La necesidad de apoyos la establece el Juez, valiéndose de informes de los profesionales (médicos, psicólogos, trabajadores sociales…). Dichos informes son fundamentales. También se entrevista con la persona afectada y con sus familiares. Es muy importante concretar al Juez lo más posible las habilidades para la toma de decisiones y aquellas áreas en que se presente mayor necesidad de apoyo y protección.
Los apoyos, inicialmente, los prestarán los padres. En su defecto, los tutores o curadores. Todos ellos son instituidos por el Juez. Los padres pueden dejar instrucciones para el día de mañana, a través de un testamento o de un documento notarial.
Antiguamente, a estos trámites los llamábamos “incapacitación”. Hay que desterrar esta palabra de nuestro vocabulario. No se trata de incapacitar a nadie, sino de procurar dar los apoyos que las personas necesiten, para que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que los demás.
Todos los profesionales y las familias, cuando acudimos al Juzgado, debemos de hacer un esfuerzo para presentar el caso con la mayor claridad posible. Es el futuro de las personas con discapacidad intelectual lo que está en juego.

Rafael Armesto del Campillo
Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Miembro del Colegio de Abogados de Vizcaya (1.979). Especializado en Derecho Civil, Derecho de Familia, Persona y Sucesiones. Derecho Canónico. Arbitrajes.

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